“La mejor política industrial es la que sí existe”: Saúl Pineda Hoyos

“La mejor política industrial es la que sí existe”: Saúl Pineda Hoyos

El ex viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda Hoyos compartió en exclusiva su opinión con Contamos acerca del crecimiento industrial del país.

Saúl Pineda Hoyos, ex-viceministro de Comercio, nos contó que se ha dedicado durante estos últimos seis meses, después de su retiro de la cartera ministerial, a escribir un libro sobre el impacto de la pandemia y el estallido social en América Latina y Colombia en la aceleración de un nuevo escenario para la construcción de las políticas públicas en la región.

También nos contó que en ese libro ofrecerá su testimonio sobre las políticas públicas de desarrollo productivo que le tocó liderar en su paso por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Precisamente el título de esta entrevista coincide con el nombre de uno de los capítulos centrales de su libro próximo a publicarse. También habló con sinceridad de las tareas pendientes.

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LA POLÍTICA INDUSTRIAL DEL PAÍS, EN DETALLE

R.C: Hablemos de las páginas centrales de su libro. ¿no le parece un poco “trasnochado” volver a hablar hoy de “política industrial”, un concepto más propio de la década de los años sesenta del siglo pasado? ¿Tal vez no sea mejor hablar de estrategias de desarrollo productivo moderno para facilitarle la vida a los empresarios?

S.P: Se atribuye a Carlos Solchaga, ministro de Industria y posteriormente de Economía, en el gobierno de Felipe González, una frase que hizo carrera en Iberoamérica: «la mejor política industrial es la que no existe». En Colombia, por su parte, posiciones todavía más ortodoxas, al comienzo de la “apertura económica”, en los años noventa del siglo pasado, solo se atrevieron a admitir, en el mejor de los casos, que «la mejor política industrial es – simplemente – una buena política macroeconómica».

En completo distanciamiento con esas tendencias, con el ministro José Manuel Restrepo y con nuestro equipo de trabajo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, consideramos desde el comienzo de nuestra gestión que esas posiciones encontraban poco sustento en la realidad empresarial de los países.

Y en este sentido, como bien lo ha dicho el economista Dani Rodrik, no hay nada como una pandemia para poner en valor el papel del estado y de la acción colectiva en la gestión de las políticas públicas y, en particular, de aquellas políticas de desarrollo productivo para apoyar a las empresas en su reactivación.

Para nosotros era evidente que la mejor política industrial es la que sí existe. En otras palabras, nuestro equipo siempre tuvo la convicción de que una buena política industrial es una estrategia moderna de desarrollo productivo.

Desde el comienzo, entendimos la política de desarrollo productivo como la acción decidida para resolver las fallas de gobierno y de mercado, así como las dificultades de coordinación entre los agentes públicos y de estos con los agentes privados. En otras palabras, acciones integrales, ajustadas a las nuevas realidades del desarrollo productivo, para facilitarle la vida a los empresarios.

R.C: ¿Cuales fueron las líneas maestras del “pacto por el desarrollo productivo” que ustedes dejaron en marcha para brindar apoyo a los empresarios y para ayudarles en su reactivación en los momentos más críticos de pandemia?

Esas líneas maestras que trazamos en nuestro paso por el ministerio de Comercio estuvieron acompañadas de indicadores de resultado, como debe ser en toda estrategia seria de desarrollo productivo.

El emprendimiento y la formalización constituían la base sobre la cual se fundamentaba la estrategia para favorecer el crecimiento empresarial dinámico y sostenido. Allí nos propusimos un total de 850.000 Mipymes acompañadas para dinamizar el tejido empresarial y generar formalidad. Esta meta la logramos en gran medida como resultado de la estrategia de financiamiento.

La productividad se convertía, gracias a los consensos construidos, en la tarea central de las empresas para enfrentar su perdurabilidad en el mercado interno y avanzar con éxito hacia los mercados internacionales. En este frente nos propusimos una meta de 66.000 empresas acompañadas en estrategias y programas de productividad y desarrollo sostenible. En este frente todavía tenemos grandes retos para escalar las acciones, tanto en número como en calidad de las intervenciones.

La innovación sobresalía dentro de las prioridades como la plataforma de lanzamiento hacia una nueva dinámica productiva para las empresas. En este eje de actuación nos propusimos cumplir con la meta de que un 25% de las empresas industriales y servicios pudieran ser clasificadas como innovadoras en sentido amplio. Hoy este porcentaje se encuentra aproximadamente en un 20%. Falta avanzar más.

La inversión y las exportaciones deberían ser los motores de las nuevas fuentes de crecimiento sectorial, entre ellos el turismo, que avanzaba hacia su consolidación, pese a los desafíos coyunturales que ha debido enfrentar el sector. La meta de inversión extranjera directa (IED) en sectores no minero energéticos la trazamos en 11.500 millones de dólares anuales y la meta en exportaciones en estos mismos rubros la estimamos en 27.000 millones de dólares anuales. La pandemia nos obligó, sin embargo, a replantear estas metas para recobrar, al menos, los niveles previos a la emergencia sanitaria, tanto en exportaciones como en IED.

De manera complementaria, las acciones sobre el entorno competitivo, en particular sobre aquellos tramites y procesos que acercan o distancian al empresario con el Estado, representaban el marco necesario para completar las intervenciones de nuestra política de desarrollo productivo. Aquí, por ejemplo, teníamos una meta de 3.000 trámites, mejoras normativas y barreras intervenidas para los cuatro años de gobierno. Pero esta meta la superamos en un 26% para llegar a los 3.600 trámites intervenidos, solo en los tres primeros años de gobierno. Sin duda este es uno de los resultados notables de nuestra política de desarrollo productivo.

En el proceso de ejecución de la política industrial y, particularmente durante el primer año de la pandemia, el financiamiento empresarial se convirtió, por cuenta de la nueva realidad empresarial, en eje central de la política, una vez construimos un consenso al interior del gobierno en torno al rol contracíclico que tanto Bancoldex como el Fondo Nacional de Garantías debían cumplir para acompañar a las empresas en su reactivación. Eso nos llevó a completar, solo en los tres primeros años de gobierno, más de 75% de las metas en créditos de redescuento y garantías.

R.C: ¿Podríamos hablar de algunos “programas estrella” dentro de la política de desarrollo productivo moderno que usted lideró durante los tres años que estuvo al frente del viceministerio de desarrollo empresarial?

No hay duda, que la estrategia de mayor impacto fue la de financiación como resultado del rol protagónico cumplido por Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías en el apoyo a la reactivación de las empresas durante la pandemia. Solo en los tres primeros años de gobierno, a través de las operaciones de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, se había establecido una cobertura de un total de 700.000 empresas con acceso a financiamiento a través de créditos de redescuento y movilización de garantías en todo el territorio nacional, lo cual implicó llegar a más de 40% del tejido empresarial inscrito en el RUES de las Cámaras de Comercio, que representa un claro orden de magnitud de la escala permitida por la estrategia de financiamiento de nuestra política industrial.

Pero también debo señalar que el programa más emblemático que tuvimos desde siempre en el centro de nuestra política de desarrollo productivo, ha estado representado por las “Fábricas de Productividad” que se han convertido en una política de estado, con un impacto muy importante sobre las empresas participantes, gracias al liderazgo de Colombia Productiva y su alianza con las Cámaras de Comercio del país.

Se trata de un programa que construye sobre la experiencia que el país ha tenido desde hace ya más de 20 años en extensionismo tecnológico y que se enriquece de la experiencia internacional en la materia. En solo 3 años de trabajo con las cámaras de comercio del país construimos una base de 800 extensionistas o mentores empresariales para mover la aguja de la productividad directamente en las plantas de las empresas.

Al concluir el tercer año del programa, éste había llegado a 25 regiones del país con el compromiso de 48 de las 57 cámaras de comercio. Eso permitirá que la cobertura de las intervenciones llegue a un total de 4.000 empresas en los cuatro años de gobierno.  Se prevé además que este programa podría escalar a 5.000 intervenciones al año a partir del 2024.

Son nueve las líneas de atención: transformación digital, gestión comercial, desarrollo y sofisticación de producto o servicios, productividad operacional, productividad laboral, gestión de calidad, logística, sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.

Pero tal vez lo más importante a destacar es que en las evaluaciones realizadas al termino de las intervenciones, las empresas, en promedio, obtienen cambios en su productividad del orden del 32%, una cifra muy por encima de lo esperado inicialmente, que era del 8%.

Déjeme, por último, mencionar como otro programa estrella el apoyo que ofrecimos a las 112 iniciativas clúster (conglomerados productivos) existentes en 25 departamentos del país, con el propósito de diversificar y sofisticar la oferta productiva en los sectores industrial, agroindustrial y de servicios, en toda la geografía nacional.

Dentro de estas iniciativas predominan los encadenamientos productivos de turismo, software y TI, cafés especiales, sistema moda y las industrias de la construcción.  Con todas esta iniciativas trabajamos hombro a hombro a través de Innpulsa y Colombia Productiva, sobre la base de un profundo respeto de la gobernanza territorial de estas organizaciones, que cuentan también con un gran liderazgo de las cámaras de comercio.

El legado dejado por estos tres hitos de la política de desarrollo productivo, debe ser adoptado y escalado por el próximo gobierno.

R.C: ¿Y cuales son las tareas pendientes de las políticas de desarrollo productivo en Colombia que usted también plantea de una manera muy sincera en su libro, próximo a publicarse?

Si usted me pregunta cuál es la principal tarea pendiente de una agenda de desarrollo productivo para los próximos años, no tengo duda en señalarle que esa tarea pendiente es la integración necesaria entre los programas de apoyo al crecimiento de la producción nacional y la estrategia de diversificación exportadora del país, que aún sigue siendo muy incipiente. Lo dijo la Misión de Internacionalización: el per cápita exportador de Colombia, es apenas la mitad de lo que debería ser para el tamaño de su economía. A ello hay que agregar el hecho de que el 75% de las exportaciones del país están concentradas en productos basados en los recursos naturales, es decir, en productos de bajo valor agregado que contribuyen poco al cambio tecnológico y a la generación de empleo de calidad.

También nos queda mucho camino por recorrer para formalizar los pequeños negocios que en Colombia duran en el sector informal mucho más tiempo que el promedio mundial. Elevar la escala de emprendimientos formalizados, de la mano de las Cámaras de Comercio, es una condición para mejorar la productividad y la calidad de vida de la población en el largo plazo.

En síntesis, hay que elevar la escala de los principales programas que hacen parte de una agenda de desarrollo productivo de largo plazo. Y eso requiere un reordenamiento institucional de la política de desarrollo productivo, de una mejor distribución del presupuesto nacional, así como de una gran alianza con los agentes territoriales, si aspiramos, de verdad, a mover la aguja de la formalización, la productividad y la innovación en nuestras empresas.

Solo le doy un par de datos que menciono en mi libro, para que usted pueda dimensionar los desafíos que hoy el tiene el país para impulsar su desarrollo productivo.

Va el primero. En materia de recursos para el desarrollo productivo – que contempla las acciones en comercio, industria, servicios, agricultura e infraestructura – el gasto público per cápita en Colombia es el más bajo de los países de la OCDE. Esta relación es solo cercana en su magnitud a la de Chile, con una población ligeramente superior a los 19 millones de habitantes y apenas la mitad que la de Lituania, con una población 16 veces menor que la de nuestro país.

Y va el segundo. El presupuesto nacional de inversión del sector de minas y energía para el año 2022 es 10 veces mayor que el del sector comercio, industria y turismo y 2,5 veces superior que el del sector de agricultura. Esta tendencia del gasto público, sin variaciones sustanciales en los últimos años, no guarda ninguna relación con la participación de cada uno de estos sectores en el PIB nacional.

Le pregunto ¿Cómo podemos escalar, de esa manera, las intervenciones en número y en calidad de las estrategias de desarrollo productivo para la industria, la agricultura y los servicios, si el presupuesto de estos sectores es tan bajo?



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