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Superintendencia de Sociedades aclaró los efectos de un acuerdo de reorganización

Mediante el Concepto 220-008094 del 18 de febrero del 2019, la Superintendencia de Sociedades emitió la información correspondiente a los efectos del acuerdo de reorganización con relación a las obligaciones reestructuradas en el mismo.

 

De acuerdo con el documento, se aprueba el acuerdo de la reorganización como un fallo que pone fin a la discusión del concurso de acreedores del deudor insolvente -situación jurídica en la que se encuentra una persona física o empresa cuando no puede hacer frente al pago de sus deudas-.

 

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Una de los interrogantes que dio lugar a la aprobación y aclaración fue el siguiente, “si una persona natural, comerciante o Jurídica, han reconocido dentro de su ACUERDO DE REORGANIZACIÓN acreencias a una Entidad del Estado por concepto de ANTICIPO NO AMORTIZADO en la ejecución inconclusa de un contrato de obra, (punto que formo SIC parte de la liquidación unilateral como consecuencia de la caducidad impuesta por la entidad contratante) y cuya acreencia está reconocida dentro del Acuerdo de Reorganización por el representante jurídico de la Entidad para procesos de insolvencia.”

 

A continuación #TeContamos la respuesta de la Superintendencia donde se explica y se da claridad a los hechos:

II. HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA MI DERECHO i. “EN CUANTO Al PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE

 

  1. “Admisión Proceso de Reorganización de la Persona Natural Comerciante: octubre de 2009

 

  1. “Confirmación proceso de Reorganización de la Persona Natural Comerciante: febrero de 2011.

 

  1. “La Acreencia objeto de esta consulta, es el resultado de Un anticipo de obra pública NO amortizado en su totalidad, ya que el contrato no se terminó y la entidad Contratante Declaró la Caducidad Administrativa.

 

  1. “El valor resultante de este Anticipo No amortizado, formó parte de la Liquidación Unilateral Generada por la Entidad Contratante.

 

  1. “La Entidad Contratante, por medio del Promotor de la Superintendencia de Sociedades, en noviembre de 2009, dio a conocer la Admisión al Proceso de Reorganización de la Persona Natural Comerciante.

 

  1. “El representante jurídico de la Entidad para procesos de insolvencia, mediante su voto acepto las acreencias, PROYECTO DETERMINACIÓN DE DERECHO DE VOTO y los PASIVOS CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITO, GRUPO QUIROGRAFARIOS del acuerdo de Reorganización de la Persona Natural Comerciante.

 

  1. “La Entidad Contratante es conocedora de la confirmación al Proceso de Reorganización de la Persona Natural Comerciante en febrero de 2011.

 

  1. “La Persona Natural Comerciante en el año 2012, instaura demanda ante el Contencioso Administrativo, (por la caducidad administrativa, liquidación unilateral del contrato y perjuicios causados) buscando el restablecimiento económico del contrato, por haberse iniciado su ejecución 465 días después del acta de inicio, debido a que la entidad no había tramitado la licencia de construcción. Demanda SIC que hoy se encuentra en Consejo de Estado.

 

  1. “La Entidad contratante pretende incurrir en un doble cobro, ya que en el año 2015, (seis años de la admisión y cuatro años de ser confirmado los acuerdos en el Proceso de Reorganización Empresarial, la Entidad Contratante, denuncia ante la FISCALÍA ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO al NO haber AMORTIZADO EL ANTICIPO del contrato de obra, desconociendo que la deuda forma parte de las acreencias con Derecho de voto, Calificadas y Graduadas dentro del Proceso de Reorganización de la Persona Natural.

 

  1. “En Marzo de 2016, se confirma Reforma al Acuerdo y para el caso que nos ocupa, por haberse presentado demanda ante lo administrativo, este proceso litigioso (que contiene el valor del anticipo), será definido por el Juez del Contrato, por ello del Acuerdo Inicial se retiró el valor del anticipo, generando una modificación a los Derechos de Voto sin cambiar su Graduación y Calificación.”

 

Cabe mencionar que las obligaciones del acuerdo, sin excepción alguna, quedarán supervisadas en los mismos términos independientemente de que los acreedores sean personas de orden público o privado.

 

Consulta el Concepto 220-008094 del 18 de febrero del 2019, aquí.

 

 

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