Laboral

¿Es necesario regular los contratos por prestación de servicios?

Foto: Pixabay.

Ahorrarse una contratación reglamentaria es lo que muchas empresas pretenden con los contratos por prestación de servicios. Además no lo hacen asumiendo la parte que los perjudica sino solamente la que los beneficia, ya que si bien no le pagan prestaciones sociales al trabajador, sí lo “presionan” para que tenga que cumplir un horario.

Jorge Manrique, Director del departamento de Derecho Laboral del Externado sostiene que el Estado también es partícipe directo de este tipo de contrataciones, ya que gran porcentaje del personal que trabajan en oficinas públicas están contratadas por prestación de servicios, pero por las condiciones de horarios, jefes y lugar de trabajo, pareciera que fuera un trabajo con un contrato regular.

Esta situación constituye una práctica ilegal. El problema es que tanto las entidades públicas como las privadas que hacen esto lo saben camuflar para evitar tener problemas legales. El método más común es el de presionar a los empleados indicándole que si no trabajan desde la oficina, habrá otro que sí lo hará, por lo cual podrían despedirlo inmediatamente.

La congresista Angélica Lozano del partido Alianza Verde reveló que el Ministerio de Salud tienen 633 personas contratadas por prestación de servicios y 626 por contratos regulares. El Ministerio de Educación tiene 924 contratistas y 623 empleados por nómina. Incluso, de manera contradictora, cerca de 1600 empleados del Ministerio de Trabajo no tienen una contratación reglamentaria.

Por ello la congresista quiere acabar con este abuso, al proponer un proyecto de ley que permita que las personas por prestación de servicios sean cobijadas tanto por el estado como por la empresa privadas, para de esa forma tener formas de empleo dignas.

Las medidas más importantes inicialmente serían descanso remunerado de 5 días hábiles por año trabajado, continuación de los contratos a las mujeres en estado de embarazo, licencias de paternidad y acceso a licencias por luto o calamidad doméstica. Pero sobre todo, para arreglar el trasfondo de este problema se deben aplicar los principios de transparencia a la hora de que el Estado contrate a las personas. de esta forma se evitarán las prácticas clientelistas y se podrá proteger de mejor forma al trabajador.

Por su parte, el proyecto de ley propuesto por la congresista busca que se cree una especie de cesantía administrada por el Fondo Nacional del Ahorro que corresponda al 25% del promedio de honorarios recibido cada año. Esto permitirá que los trabajadores que tengan contratos por prestación de servicios también puedan ser protegidos en caso de quedar desempleados o puedan usar estos fondos para comprar o adecuar su vivienda.  

Hay cuatro medidas claves para evitar el abuso en los contratos por prestación de servicios. El primero es hacer efectivo el principio de igualdad laboral. El segundo se trata de tipificar como delito cualquier conducta que atente contra el trabajador, y que las multas ante cualquier irregularidad sean castigadas con mayor severidad. Tercero, que el Congreso afronte el problema con una solución de fondo y que no actué solo contra el sector privado sino también contra el estado que es igual de responsable, y por último que se creen políticas de enseñanza a los trabajadores y los empelados sobre disposiciones legales y conceptos básicos acerca de la tercerización, subcontratación y beneficios y perjuicios que se tienen por trabajar por prestación de servicios.  

 

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