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Opinión #ConLosDosOjos: Incapacidades médicas: intentando borrar la delgada línea entre el abuso y el derecho

3 febrero, 2019

Es común escuchar a muchos empleados diciendo: “me voy a incapacitar para faltar al trabajo”. Muchos otros las falsifican o las hacen firmar de un médico amigo. Esos casos pueden terminar en la Fiscalía.

 

Las incapacidades médicas son de esos temas que le interesan a todos: empleados, empleadores, médicos EPS. Esa figura es muy importante para salvaguardar los derechos de los trabajadores, aunque implica también un gasto elevado para los empleadores y el sistema de salud colombiano. Para nadie es un secreto que las mismas pueden terminar en alteraciones voluntarias para que un trabajador pueda faltar a sus labores sin tener consecuencias.

 

Para poner el tema en contexto, vale la pena recordar un muy reciente informe de la prestigiosa firma de talento humano ManpowerGroup que pudo encontrar una elaborada red de ventas de incapacidades falsas por sumas que pueden superar los $300.000 para 30 días de excusa.

 

“No es coincidencia que los picos de incapacidades se presentan los días inmediatamente después de Semana Santa, puentes de mitad de año y segunda semana de octubre, y días posteriores a partidos de fútbol y campeonatos”, dijo Javier Echeverri, gerente de la firma.

 

Los datos más recientes dan cuenta de que se presentan 61 casos de incapacidad por cada 100 trabajadores, cuando la ausencia es entre 1 y 2 días hábiles. Entre 3 y 180 días, la cifra baja a 48,2 por cada 100 y se reduce a 0,5 casos cuando son más de 180 días.

 

De allí nace el decreto 1333 del Ministerio de Salud, conocido por Contamos, en donde la entidad pone algunos límites a las incapacidades para evitar no solo abusos, sino también los casos donde las personas se descuidan en sus tratamientos y terminan extendiendo ese permiso médico.

 

En este primer punto se requiere que al menos cada 60 días se revise el estado de salud del incapacitado cuando se trate de licencias largas y se vigile si se siguieron las recomendaciones médicas que en inicio se impartieron con el fin de superar las enfermedades.

 

Sobre las situaciones de abuso, son ocho las que se determinan en la normatividad

1.Cuando se establezca por parte de la EPS o EOC que el cotizante no ha seguido el tratamiento y terapias ordenadas por el médico tratante, no asista a las valoraciones, exámenes y controles o no cumpla con los procedimientos y recomendaciones necesarios para su rehabilitación en al menos el 30% de las situaciones descritas.

 

2.Cuando el cotizante no asista a los exámenes y valoraciones para determinar la pérdida de capacidad laboral.

 

3.Cuando se detecte presunta alteración o posible fraude en alguna de las etapas del curso de la incapacidad, para lo cual el caso se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, quedando obligado a ello quien detecte tal situación.

 

4.La comisión por parte del usuario de actos o conductas presuntamente contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud.

 

 

5.Cuando se detecte fraude al otorgar la certificación de incapacidad.

 

6.Cuando se detecte que el cotizan te· busca el reconocimiento y pago de la incapacidad tanto en la EPS-EOC como en la ARL por la misma causa, generando un doble cobro al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

7.Cuando se efectúen cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud con datos falsos.

 

8.Cuando se detecte durante el tiempo de incapacidad que el cotizan te se encuentra emprendiendo una actividad alterna que le impide su recuperación y de la cual deriva ingresos.

 

 

Y aquí es donde puede venir lo grave para las personas acostumbradas a hacer trámite en estos documentos porque el decreto le obliga las EPS y EOC  que en el caso de los puntos 3,4,5 y 7, se entregue la información a la Fiscalía General con el fin de determinar una posible conducta con consecuencias penales.

 

“Una vez la EPS o EOC detecte que el cotizante no ha seguido el tratamiento, no ha asistido a las terapias, valoraciones, exámenes y controles ordenados o no ha cumplido con los procedimientos y recomendaciones necesarios para su rehabilitación, en un porcentaje como mínimo del 30%, enviará comunicación al usuario indicándole la situación evidenciada e invitándolo a que, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta, dé las explicaciones correspondientes” señala el decreto.

 

Si al final de proceso el trabajador o independiente no remite la información y no coincide con la realidad, la entidad podrá suspender el pago de la incapacidad.

 

 

Por último hay un tema que puede ser muy polémico y es que no se reconocerá el pago de incapacidades cuando la incapacidad por enfermedad general tenga origen en tratamientos con fines estéticos y sus complicaciones.

 

Conoce completo el decreto del Ministerio de Salud

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