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Auditoría General critica fuertemente la efectividad de la Ley de Garantías

21 marzo, 2018

Contamos conoció el estudio realizado por la entidad acerca del comportamiento de la contratación directa previo al inicio de la Ley de Garantías y los procesos electorales que enfrenta nuestro país.

 

 

Para la Auditoría General el resultado del estudio es más que preocupante por el desborde de la contratación que concluyó en 127.643 contratos, generando un aumento del 143,43% si se compara con el mismo mes del año anterior, cuando se suscribieron un total de 52.435 contratos. Se destaca también el monto de recursos contratados el cual asciende a $3,31 billones, 101,33% más que en 2017 ($1,64 billones).

 

 

Entre los municipios que más contrataron mediante la modalidad de contratación directa durante el primer mes del 2018, se encuentran: Medellín con 8.928 contratos por valor de $554.688,86 millones, seguido por Cali con 4.816 contratos en cuantía de $240.432,48 millones, Cartagena 6.819 contratos por valor de $206.651,25 millones y Barranquilla con 3.548 contratos en cuantía de $117.519,37 millones, entre otras.

 

 

En el transcurso de los cuatro días previos a la entrada en vigencia de la Ley de garantías, las entidades territoriales suscribieron por contratación directa, un total de 43.734 contratos por valor de $1,39 billones, correspondientes al 41.87 % del monto total contratado en esta modalidad en el mes de enero de 2018.

 

 

De las distintas regiones que conforman el territorio nacional, el Eje Cafetero es la que más recursos comprometió en el mes de enero de 2018 a través de la contratación directa, con $1 billón (30.38% del total de contratación en las regiones) con 30.539 contratos, seguida por la región centro oriente en donde se suscribieron 33.080 contratos por valor de $710.407,00 millones.

 

 

Incumplimiento de la Ley de garantías

 

 

Por último, la Auditoría comprobó la violación a la ley, por cuanto la administración territorial suscribió un importante número de contratos con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. La entidad de vigilancia encontró que entre el 27 y el 31 de enero del presente año, se celebraron un total de 86 contratos que superan los $3.146 millones.

 

 

“La alerta para la Ley de garantías es evidente. Por eso la propuesta de la Auditoría General de la Republica es que se revise la norma y se evalué el grado de efectividad y conveniencia de la misma, para evitar desgastes innecesarios a la administración pública y cumplir adecuadamente con la planeación presupuestal apropiada para la vigencia”, recalcó el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

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