Economía y finanzas

Las presiones internacionales contra Colombia por su política de precios de medicamentos

El Gobierno Colombiano a través del Ministerio de Salud inició una batalla hace un par de años para reducir radicalmente el precio de los medicamentos que se usan en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer y la hepatitis C. La pelea, específicamente, ha sido por la protección que tienen ciertos fármacos al contar con un registro de patente que impide cualquier tipo de competencia que haga bajar su costo a través de la regla básica de oferta y demanda.

 

La idea del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue utilizar la figura de la declaratoria de interés público (DIC) para liberar la patente de los productos y así lograr reducciones de precios de hasta el 50%.

 

El primer round se dio en 2016 por cuenta del Imatinib, un medicamento comercializado por el laboratorio Novartis y que tiene comprobada efectividad para tratar la leucemia mieloide crónica (LMC) y otros siete tipos de cáncer. En ese momento la industria farmacéutica se movió rápidamente y con su lobby en el congreso estadounidense amenazó con recortar las ayudas de su Gobierno al “Plan Paz Colombia”.

 

Una carta de la embajada de Colombia en el país americano le advertía al ministro Gaviria que el Comité de Finanzas norteamericano estaba muy preocupado porque “a pesar de que Novartis no es una empresa americana, existe la posibilidad de que este caso se vuelva un precedente que podría aplicarse a cualquier patente en cualquier industria lo que podría llevar a que la reputación de nuestro país en materia de respeto a los derechos de propiedad intelectual se vea menoscabada”.

 

Gaviria siguió adelante, con el respaldo de la casa de Nariño, y logró sacar adelante la declaratoria de interés público (DIC). Esa medida llevó a que el medicamento pasara de 324 pesos por miligramo a 206 pesos. Una reducción cercana al 40%. Finalmente las amenazas de tocar el presupuesto respecto al país, no se cumplieron.

 

Pero venía una nueva medida. El 20 de diciembre del año pasado, el Ministerio expidió la resolución 5246 en la cual indicaba en el artículo 1 que su objetivo era “iniciar la actuación administrativa de declaratoria de existencia de razones de interés público sobre el acceso a los antivirales de acción directa para el tratamiento de la Hepatitis C, para las patentes concedidas en el país”.

 

Por esos mismos días también llegó al Consejo de Estado una pelea con Afidro, el gremio nacional de las farmacéuticas, por el decreto que permite, previo el cumplimiento de diversos requisitos, obtener el registro sanitario a medicamentos biológicos similares (también llamados biogenéricos o biocompetidores) sin necesidad de arrancar desde cero los estudios clínicos en humanos.

 

Hasta ahí, todo parecía natural. Era de esperarse que el gremio de los laboratorios protestara por las dos normas que reducen el precio de sus productos de forma sustancial y que permite el ingreso de nuevos competidores. Lo que no se esperaba el Gobierno es que el lobby americano pusiera en riesgo un proceso de Estado que lleva más de 4 años como es la entrada a la OCDE. El llamado club de las buenas prácticas gubernamentales.

 

El tema ya llegó a Phrma, el gremio más grande a nivel mundial de farmacéuticas, representante de empresas como Bayer, Sanofi, Pfizer, Novartis y Merck. Un informe de 2016 dice que invierten más de 60 millones de dólares anuales en lobby y financiamientos de campañas. Su poder es inmenso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y sobre todo en las comisiones económicas.

 

Ese grupo de empresas le escribió una carta al presidente Donald Trump diciéndole que Colombia estaba violando los acuerdos que firmó en el Tratado de Libre Comercio y que usar medidas extraordinarias para “violar los derechos” de una patente, es un punto negativo para la entrada a la OCDE. (Ver carta Congresista)

 

Solo 15 días después se conoció el escrito del congresista republicano Leonard Lance, uno de los más influyentes en su partido y en la Casa Blanca. En el último párrafo del mismo expresa que debería aprovecharse el proceso de Colombia para pedirle que retire la norma respecto a los biosimilares. “Admitir a Colombia en la OCDE antes de que se corrijan estos errores, hace que sea más difícil corregirlos en un futuro”. (ver carta 2 congresista)

 

Afidro también había emitido un comunicado en el que se declara preocupado porque la “Ruta Abreviada de Comparabilidad, que empezó a regir en Colombia, abrió la puerta a que pacientes colombianos reciban medicamentos biológicos que no tienen estudios clínicos básicos, lo cual es un riesgo potencial para la vida de los pacientes”.

 

La situación ha tomado tal nivel que la ministra de Comercio tuvo que viajar hace dos semanas a Estados Unidos a reforzar la argumentación de Colombia ante la Casa Blanca para que ese país, que es decisivo, apoye al país en su empeño de hacer parte de ese grupo de Estados. Desde Colombia, el propio presidente Juan Manuel Santos, le pidió a su homólogo, Donald Trump, que apoye la causa en la que su Gobierno ha trabajado desde el 2014.

 

Oscar Lizarazo, profesor de la Universidad Nacional y experto en temas de propiedad intelectual, sostiene que hay un problema de fondo en toda esta situación y que “una forma de evitar o reducir posibles solicitudes de Declaratoria de Interés Público para licencia obligatoria, y dar seguridad jurídica a estado, inversionistas, competidores y consumidores, es: ser más responsables y estrictos al examinar solicitudes de patentes farmacéuticas”.

 

Para el profesor Lizarazo, más allá de “casos mediáticos de Imatinib y Hepatitis C. Colombia es uno de los suramericanos que concede más patentes farmacéuticas, más rápido. Como lo indican más de 24 patentes para Hepatitis C”.

 

Peleas y puerta giratoria en Colombia

En el país, la intención del Ministerio de Salud también se ha encontrado duros críticos, incluso dentro del propio Gobierno. El primero de ellos es el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien ha tomado gran reconocimiento por las sanciones que ha impuesto contra diferentes carteles empresariales como los del cemento, el papel higiénico o los cuadernos escolares.

 

Robledo destapó su inconformidad en una entrevista con la revista Dinero donde asegura que “casi nadie se atreve a tocar las patentes” y que las licencias obligatorias son un mecanismo “completamente excepcional que casi ningún país ha aplicado en el mundo”; y agrega que “sería la primera vez en Colombia y en la región”.

 

El centro de Estudios Ifarma, por cuya solicitud se inició el proceso de DIP en el caso de la Hepatitis, lo contradice asegurando que Ecuador ha expedido más de 10 declaratorias para productos contra el VIH. Según dice el texto de Ifarma, Ecuador, Zambia, Zimbabue, Mozambique, Sudáfrica, Ghana, Eritrea, Tailandia, Malasia, India, Indonesia, Perú, Chile y Guatemala, han empezado proceso parecidos a los de nuestro país.

 

Sobre la puerta giratoria, la exministra de Comercio de este Gobierno, María Claudia Lacouture, ha comenzado a criticar al Estado desde su nueva posición como presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-americana. Incluso cuando todavía era ministra expidió un decreto en el que le daba más participación a su cartera y al Departamento Nacional de Planeación en procesos futuros de declaratorias para medicamentos patentados. Diferentes organizaciones que defienden la tarea del Ministerio de Salud, como Observamed e Ifarma, coincidieron en que eso buscaba quitarle la autonomía a Alejandro Gaviria.

 

También está el caso de Gustavo Morales, presidente de Afidro y ahora duro crítico de las políticas nacionales; fue Superintendente de Salud y contó con amplio respaldo de Gaviria en cada una de las decisiones sancionatorias que tomaba, e incluso cuando tuvo que pagar tres días de cárcel por un desacato de Tutela. Ahora Morales, de lado de las farmacéuticas, critica cada paso que da Gaviria hacia la liberación de las patentes o de permiso para ingreso de biosimilares.

 

Por el momento, la actual ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, acaba de citar al Comité Técnico Interinstitucional (compuesto también por Minsalud y el DNP) para que revisen los comentarios que enviaron los gremios farmacéuticos al proceso con relación a la Hepatitis C. Tal vez por el largo proceso que surtió el Imatinib, lo más probable es que este nuevo round le toque al próximo presidente, si es que decide subirse al cuadrilátero.  (ver carta 3 MinComercio).

 

 

Por Santiago Rincón.

 

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