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Procedimientos que no competen a un inspector de trabajo

La función de los inspectores de trabajo consiste esencialmente en intentar que las partes involucradas en un conflicto laboral puedan llegar a un acuerdo mutuo mediante una conciliación. De esta forma, se puede evitar un proceso largo, incierto, costoso y estresante que en ocasiones podría generar trastornos adaptativos en las personas.

El inspector de trabajo debe determinar las causas por las que se generan situaciones atípicas en el cumplimiento de un contrato laboral. De esta forma, se puede intentar que las partes solucionen el problema de forma amigable, ya que normalmente, y como lo expresan muchos inspectores de trabajo, la mayoría de conflictos en los contratos laborales surgen por malentendidos que pueden solucionarse con un simple diálogo entre los involucrados.

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No obstante, hay problemas que ameritan un proceso jurídico especializado y más extenso. En estos casos, por más que una de las partes manifieste expresamente que no desea cumplir con la obligación imputada, el inspector del trabajo no podrá ejercer presión bajo ninguna circunstancia, y mucho menos podrá dictar una sentencia u obligar a alguna de las partes a cumplir. En pocas palabras, el inspector del trabajo no tiene la potestad para impartir justicia.

En los casos en los que la conciliación no sea efectiva bajo la mediación del inspector, sigue que este exponga a las partes la necesidad de contratar los servicios de un abogado. Solo así se podrá llevar a cabo el debido proceso sobre el tema en particular. El inspector, por su parte, anotará en su acta que fracasó el intento conciliatorio y pasará los respectivos análisis y reportes ante la autoridad competente.

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A fin de cuentas, es la justicia ordinaria la única que puede dar solución o dictar sentencias frente a los problemas económicos o jurídicos que pueden surgir entre los trabajadores y los empleados.

No obstante, el inspector de trabajo también juega un papel muy importante que consiste en ejercer las funciones de policía administrativa para facilitar el cumplimiento de los requisitos que implican la buena convivencia en espacios laborales o sociales, siempre que aquellos no apliquen función jurisdiccional.

En ocasiones, el inspector del trabajo puede colocar multas de hasta 100 S.M.M.L.V cuando lo amerite la naturaleza del caso. Por ejemplo, cuando deliberadamente una de las partes haya actuado de mala fe, con la intención de sacar provecho mediante perjuicio a un afectado.

En casos particulares, un inspector del trabajo puede colocar una multa cuando observe que hay menores de edad trabajando en un lugar o cuando perciba que un personal de trabajo está ejerciendo en condiciones insalubres o peligrosas. Sin embargo, no puede obligar a que un empleador le pague el salario a un empleado o sus cesantías, ya que esta acción es competencia de un juzgado laboral.

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